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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION
1. Aspectos
centrales en los resultados logrados 1999
2. Análisis
presupuestal y financiero
3. Análisis
evaluativo de metas físicas
3.1
Resultados alcanzados inversión de 1999
3.1.1. Otorgamiento
de subsidios para la conformación de Empresas
Agropecuarias
3.1.2.
Atención a comunidades indígenas
3.1.3.
Ordenamiento social de la propiedad
3.1.4.
Extinción del derecho de dominio privado
3.1.5.
Asesoría en Gestión Empresarial
3.2.
Balance resultados alcanzados compromisos adquiridos
1998
4. Aspectos
administrativos y de personal
INTRODUCCION
Este
documento tiene como objetivo presentar un análisis
evaluativo de los resultados logrados durante 1999,
en los diferentes programas que adelanta el Incora,
resultados satisfactorios no obstante las limitaciones
de orden presupuestal a que se vio enfrentada la institución,
como consecuencia de la política de austeridad en
el gasto público. En consecuencia los esfuerzos de
la institución estuvieron orientados hacia el uso
más eficiente y racional de los recursos disponibles,
así como a dar continuidad a la estrategia definida
el año anterior, de convocar al sector público y privado
para que mediante acuerdos y convenios apoyaran la
solución de la problemática en Reforma Agraria.
No obstante, haberse
presentado un cambio en la administración en el mes
de septiembre, la institución continuó desarrollando
la gestión en los marcos de política establecidos
para esta vigencia, referidos fundamentalmente de
una parte a consolidar los escenarios de participación
ciudadana y en especial las Audiencias Públicas para
que, a través de ellas se defina y concerte la negociación
de predios y se validen los proyectos productivos
formulados.
De otra, a impulsar los
procesos de planeación participativa desde los ámbitos
locales y regionales, propiciando el compromiso real
de las instituciones con el Desarrollo Rural y la
Reforma Agraria, convocando al sector privado para
establecer alianzas estratégicas, elementos todos
que fortalecen el accionar institucional, enmarcardo
en los principios de celeridad, eficiencia, eficacia,
transparencia y economía.
Es de importancia destacar
el comportamiento presentado en los precios de negociación
de la tierra, los cuales han ido tendiendo hacia su
determinación en función de la rentabilidad de la
misma, logrando en alguna medida disminuir la brecha
generada por la influencia de factores especulativos
que históricamente han acompañado la valoración de
la tierra.
A pesar de estar condicionada
la gestión institucional en la asignación de subsidios
al crédito complementario, mecanismo que desde el
año anterior no ha operado para beneficiarios de Reforma
Agraria, la institución coyunturalmente ha logrado
superar esta limitante buscando opciones alternativas,
como la financiación total o parcial directamente
por los propietarios, o a través de recursos Departamentales
y Municipales, y en otros casos mediante la condonación
de un determinado porcentaje del crédito requerido,
no obstante como el manejo del crédito requiere de
soluciones estructurales, la institución logró la
incorporación en la Reforma Agraria financiera del
artículo 122 que establece condiciones preferenciales
en los créditos para beneficiarios de Reforma Agraria.
Arriba
-
ASPECTOS
CENTRALES EN LOS RESULTADOS LOGRADOS -1999
El marco de restricción
presupuestal impuesto por la política de austeridad
en el gasto, que el actual gobierno ha abordado
con el propósito de sanear las finanzas públicas,
sin lugar a dudas ha tenido un impacto significativo
en la ejecución de la reforma agraria, tanto en
la pasada como en la presente vigencia.
Consciente de esta
situación, la administración del INCORA ha explorado
diversas estrategias en procura de establecer alianzas
con el sector público y/o privado, que nos permita
maximizar los escasos recursos apropiados para la
Reforma Agraria.
Es así como, desde
1998 se vienen adelantando convenios con algunas
entidades territoriales e instituciones del nivel
nacional, en el propósito de apalancar recursos
que den viabilidad a la asignación de subsidios
en la adquisición de tierras rurales por la modalidad
de negociación voluntaria o intervención directa;
permitan avanzar en el proceso de formalización
de la propiedad sobre áreas baldías; aseguren la
ejecución de los planes de asesoría en gestión empresarial;
y en otros casos, disponer de apoyo logístico para
disminuir los gastos de funcionamiento, especialmente
en lo relacionado con los arrendamientos.
En desarrollo de la
estrategia de reactivación de las parcelaciones
antiguas se ha propiciado el establecimiento de
alianzas con el sector privado, buscando en lo fundamental
la vinculación de algunos asentamientos a las cadenas
productivas.
De conformidad con
lo establecido en la Ley 508 de 1999, que adoptó
el Plan Nacional de Desarrollo "Cambio para
Construir la Paz", en especial lo referido
a la financiación de la Reforma Agraria, se ha trabajando
en dos aspectos fundamentales:
El primero, relacionado
con la expedición de bonos de largo plazo, que le
den disponibilidad financiera a la Institución para
acceder a la oferta de tierras aptas para la actividad
agropecuaria, y que se encuentra disponible en el
sector financiero, como resultado de los inmuebles
recibidos en dación de pago; igualmente, para adelantar
procesos de expropiación administrativa de predios
rurales, donde podría considerarse aquellos que
se encuentran en procesos de extinción de dominio
por enriquecimiento ilícito.
Sobre el particular
se ha solicitado al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público considerar en el cupo de endeudamiento el
monto de $195000 millones para tres años (2000 –
2002), para respaldar la emisión de Bonos Agrarios
de largo plazo por el mismo valor. Esta operación
permitiría financiar en dicho periodo la adquisición
de aproximadamente 150.000 hectáreas, que beneficiarían
12.500 familias campesinas demandantes de tierras.
Dentro del trámite
respectivo se ha solicitado también la correspondiente
adición presupuestal y se ha sometido a consideración
del sector financiero las características de estos
títulos de deuda pública a fin de incorporar las
sugerencias que sean viables en el documento CONPES,
preparado por el Incora para ser tramitado ante
el Consejo Nacional de Política Económica y Social.
El segundo, corresponde
a la extensión del subsidio a los principales componentes
del proyecto productivo que lo sustenta, buscando
el apoyo integral a la unidad económica campesina,
que asegure su despegue y adecuada inserción a la
economía de mercado.
Los anteriores aspectos
han sido incorporados en el proyecto de modificación
de la Ley 160 de 1994, presentado por el Gobierno
Nacional Al Congreso de la República en el mes de
octubre, por considerarlos instrumentos eficaces
en la ejecución de la estrategia de Reforma Agraria
y que por tanto deben superar la vigencia del actual
Plan de Desarrollo.
Las Zonas de Reserva
Campesina como instrumento relevante dentro del
plan, se vienen impulsando con el propósito avanzar
en la conformación de las mismas, teniéndose en
la actualidad solicitudes en el Putumayo, Boyacá,
Arauca, Meta y Santander, así como en la ejecución
de acciones en las ya conformadas, Guaviare y Pato
Balsillas en Caquetá y la del sur de Bolívar, esta
última constituida en esta vigencia.
De otra parte, en desarrollo
del artículo 122 de la ley 510 de 1999, "Reforma
del Sistema Financiero y Bursátil", que define
una tasa de interés subsidiada para los créditos
de tierra y producción que requieran los beneficiarios
de Reforma Agraria, que no podrá exceder el IPP
y deberá sujetarse al ciclo del proyecto productivo,
se presentó el proyecto de inversión que sustenta
el requerimiento de recursos que garantizan el diferencial
entre el IPP y la DTF, básicos en el establecimiento
y operación de la línea especial de crédito FINAGRO.
Además se adelantaron contactos con Finagro para
avanzar en la propuesta de reglamentación de dicha
línea de crédito, que debe ser presentada a la Comisión
Nacional de Crédito.
La operación de esta
línea de crédito, sin lugar a dudas permitirá abordar
adecuadamente la ejecución de la Reforma Agraria,
al resolverse uno de los principales obstáculos
que ha enfrentado, como es la carencia de crédito,
o su insuficiencia, falta de oportunidad y condiciones
no ajustadas a la rentabilidad del sector, como
complemento indispensable a la adjudicación de tierras.
La Caja Agraria anteriormente y ahora el Banco Agrario
no han considerando en su política de crédito a
los beneficiarios de reforma agraria, haciéndose
imperativo el disponer en el menor tiempo posible
de la línea especial de crédito, que además permitirá
apoyar el proceso de reactivación de las áreas reformadas.
De otra parte, desde
noviembre de 1998, se abordó en 12 municipios del
país, la construcción de Programas Municipales de
Reforma Agraria, dentro de un marco de planificación
participativa y concertada en el nivel local y partiendo
del Ordenamiento Territorial, cuyo objetivo básico
es adelantar la reforma agraria en zonas aptas para
el desarrollo agropecuario, consultando las potencialidades
productivas y económicas de la región, vinculando
a las entidades territoriales, la comunidad rural
y el sector privado en la construcción de este proceso.
A excepción del municipio de San Vicente del Caguán
en el Caquetá y de Tibú en Norte de Santander, donde
no fue posible concluir el proceso, se dispone de
los componentes básicos en la formulación de los
respectivos PMDR (líneas de producción, sistema
de fincas, áreas de reforma agraria, selección de
la demanda, entre otros) aprobados en los respectivos
CMDR y se avanza en la priorización de proyectos
productivos a ser desarrollados en las zonas definidas
para el programa y que serían financiados en la
presente vigencia.
Finalmente, se viene
dando especial atención al saneamiento del Fondo
Nacional Agrario, formalizando la adjudicación de
las áreas que aún se registran como de propiedad
del INCORA, pero que están en poder de campesinos
e indígenas, y de otros bienes disponibles para
venta o cesiones a Entidades competentes. Esto permitirá
de una parte depurar el fondo y de otra captar recursos
adicionales que permitan ampliar la gestión institucional,
en cuya dirección también se dirigen los esfuerzos
por mejorar la recuperación de cartera, producto
de los créditos otorgados por el Instituto en el
pasado.
Arriba
-
ANALISIS
PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
La Ley
de Presupuesto para la vigencia de 1999, le asignó
al Incora $116.364.1 millones, recursos que estuvieron
orientados a la ejecución de aquellas acciones fundamentales
para el desarrollo de los programas, que son competencia
de la institución. A este respecto es conveniente
anotar que del total solicitado, apenas se obtuvo
el 38% con respecto apropiación inicial y el 32,7%
con la apropiación definitiva. De mantenerse este
comportamiento, se presentará un desfase significativo
con respecto a los resultados previstos en el Plan
de Desarrollo, que para el primer año de ejecución
es del orden del 37% ($21.155 millones).
Al hacer
un análisis de la evolución del presupuesto a precios
de 1999 desde 1997, es conveniente anotar que la
institución se ha visto enfrentada a una permanente
reducción en la apropiación para inversión, 31%
en 1997, el 39% en 1998 y del 43% en 1999, el que
se contrapone con la apropiación en funcionamiento
que presenta un comportamiento estable. Esta tendencia
refleja un desequilibrio cada vez mayor entre la
relación óptima que debe mantenerse entre funcionamiento
- inversión al pasar de 1: 3,37, a 1: 0.57 desde
1996 hasta 1999 respectivamente, conducta que no
puede ser atribuida a la falta de eficiencia institucional,
sino a fenómenos estructurales como son la reducción
permanente del gasto público, que ha incidido directamente
en el desarrollo de los programas sociales y en
consecuencia en la ejecución de las metas previstas
en Reforma Agraria.
Durante
el año se ejecutaron recursos por valor de $92.835.9
millones (92.9% del apropiado), de los cuales, $57.947.0
financiaron el funcionamiento y $32.934.4 millones
la inversión.
Millones
de pesos 1999
|
Conceptos
|
Programación
|
Apropiación
|
Ejecución
|
|
Inicial
|
Definitiva
|
Valor
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Funcionamiento
|
|
|
|
|
|
|
Valor
|
43,518.0
|
55,842.6
|
60,591.7
|
57,947.0
|
95.6
|
|
Participación Porcentual
|
14.3
|
48.0
|
60.6
|
62.4
|
|
|
Servicio de la Deuda
|
|
|
|
|
|
|
Valor
|
4,577.6
|
3,404.8
|
3,404.7
|
1954.5
|
57.4
|
|
Participación Porcentual
|
1.5
|
2.9
|
3.4
|
2.1
|
|
|
Inversión
|
|
|
|
|
|
|
Valor
|
257,090.2
|
57,116.7
|
35,961.7
|
32934.4
|
91.6
|
|
Participación Porcentual
|
84.2
|
49.1
|
36.0
|
35.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totales
|
305,185.8
|
116,364.1
|
99,958.1
|
92,835.9
|
92.9
|
La financiación
de los gastos de funcionamiento contó con una apropiación
definitiva de $60.591.7 millones, ejecutándose el
95.6% y en el Servicio de la Deuda el 54.4% del
total apropiado. El presupuesto de funcionamiento
fue adicionado en el mes de agosto en $5.134.9 millones,
para la cancelación de la sentencia por expropiación
del predio El Mirador con un área de 538.8 has ubicado
en el departamento del Huila. También se dispuso
de una adición de $402 millones para respaldar el
pago de servicios públicos a las Electrificadoras
del Caribe y el Huila dentro del mecanismo de cruce
de cuentas incluyéndose además del pago de algunos
impuestos prediales.
De acuerdo con los
ajustes presupuestales efectuados durante la vigencia
finalmente se dispone de $35.961.7 millones para
inversión, que representa el 62.9% de la apropiación
inicial, esta reducción es el resultado de las medidas
de aplazamiento presupuestal, que fueron superiores
a la adición obtenida al finalizar la vigencia por
cuantía de $5.750 millones.
Tal como se aprecia
en el siguiente gráfico la apropiación presupuestal
alcanzó niveles de ejecución satisfactorios en todos
sus componentes. Sobre el presupuesto ejecutado
se constituyeron reservas tanto de caja, como de
apropiación por cuantía de $33.932.2 millones, siendo
estas de $28.547.2 millones para inversión y de
$5.385.0 millones para funcionamiento. La magnitud
de estas reservas responde de una parte al rezago
presupuestal impuesto a la institución, como consecuencia
del reducido PAC aprobado en inversión por valor
de tan solo $1.163.5 millones (3.2% de la apropiación)
y de otra, por las condiciones de pago establecidas
en la ley para la asignación de subsidios en adquisición
de tierras.
Adicionalmente,
la imposibilidad de contar con el crédito requerido
en la negociación de tierras, así como para la producción
ha obligado a la institución y a los campesinos
a buscar otras alternativas de financiación, dilatándose
los procesos de negociación; situación similar se
presenta en los casos cuando por el desequilibrio
existente entre las fuentes de financiación, Bonos
Agrarios Ley 160/94 y efectivo, los propietarios
de las tierras rechazan la negociación, al no aceptar
una forma de pago, que les implica recibir mayor
proporción de Bonos.
Las dos fuentes de
financiación del presupuesto apropiado, recursos
administrados y aporte del Gobierno Nacional, se
vieron significativamente afectadas en su aspecto
de liquidez.
La primera de ellas
esta fundamentada en los ingresos provenientes de
la recuperación de la cartera de créditos otorgados
directamente por el Incora para financiar la tierra
y la producción y los intereses causados por los
mismos; las tarifas establecidas para la expedición
de títulos en terrenos baldíos, entre otros, recaudos
que llegaron apenas al 54.7% del aforo vigente,
comportamiento que se explica fundamentalmente en
crisis de la economía en general y del sector agropecuario
en particular que incide en el pago oportuno de
las obligaciones.
La segunda, que
comprende el aporte nacional es afectada por la
austera disponibilidad del PAC, tal como se menciono
anteriormente, condicionando la liquidez de la institución
a un 58.2% del presupuesto apropiado, y que estuvo
básicamente dirigida a soportar el funcionamiento.
Arriba
-
Es importante anotar
que durante este año la institución estuvo comprometida
en la ejecución de las acciones que demandaba el desarrollo
de los convenios establecidos durante 1998 por valor
de $13.664 millones, así como lo correspondiente al
compromiso del presente año. Para efectos de hacer
claridad sobre las metas alcanzadas en esta primera
parte nos referimos a los resultados obtenidos con
la inversión propia de 1999, y en un capítulo aparte
analizaremos el avance con respecto a los compromisos
suscritos en el año anterior.
Arriba
3.1.
Resultados alcanzados inversión de 1999
Los resultados alcanzados
durante el período en mención se pueden resumir en
el acceso a la propiedad de la tierra de 27.447 familias,
quienes se beneficiaron con 1.2 millones de hectáreas,
a través de las distintas modalidades. El logro de
estos resultados demandó una inversión de $32.934.5
millones.
Es importante destacar
que la institución en su propósito de aunar esfuerzos
firmó convenios por valor de $13.249.3 millones, siendo
el aporte del Incora de aproximadamente 85%. Convenios
celebrados con varios departamentos y la Federación
Nacional de Cafeteros para apoyar el programa de subsidios
por Intervención Directa y Negociación Voluntaria.
Asimismo, se suscribieron compromisos con instituciones
como la Corporación Colombia Internacional, Corpoica,
el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura y algunas organizaciones campesinas, tendientes
a apoyar la capacitación y asesoría en gestión empresarial
y con el PNUD, Ministerio del Medio Ambiente, SECAB
y la OIE para adelantar acciones en titulación de
baldíos.
Arriba
3.1.1.
Otorgamiento de subsidios para la conformación de
empresas agropecuarias
El
análisis de los resultados obtenidos en este programa
se aborda teniendo en consideración aspectos como
las metas físicas y presupuestales, las características
de los predios negociados, como son el tamaño, la
calidad de los suelos, el tamaño de la Unidad Agrícola
Familiar, el valor del subsidio y la incidencia de
estas variables en el comportamiento de los precios.
Del presupuesto asignado
para el otorgamiento de subsidios se ejecutaron $13.855.9
millones, que corresponden al 98.1%. De estos recursos
se invirtieron $9.910.4 millones en la adquisición
de tierras, se establecieron convenios por valor de
$4.148.8 millones, donde la participación del Incora
alcanza los $3.014.8 millones, para el apoyo logístico
se destinaron $861.8 millones y para el pago de pasivos
exigibles (vigencias expiradas) $68.9 millones.
Se adquirieron 45
predios, con una superficie de 12.066.2 hectáreas,
por valor de $12.947.2, siendo el precio promedio
por hectárea negociada de 1.07 millones, el monto
del subsidio otorgado por el Estado es del orden de
los $9.063.1 millones. Con la negociación de estas
tierras se establecieron 931 unidades de producción,
en beneficio de igual número de familias, la unidad
agrícola familiar promedio de 13 hectáreas, su costo
de $13.83 millones y el subsidio por familia de $9.68
millones.
El programa se adelantó
en 15 regionales y con una cobertura local de 41 municipios,
concentrándose la acción en la Costa Atlántica, en
particular en los departamentos de Bolívar, Sucre
y Guajira donde se atendió el 46.8% de las familias
beneficiadas y el 53% del área negociada; seguida
de Centro Oriente en especial los departamentos de
Santander y Norte de Santander con el 21% de las familias
y el 21.4% del área.
La orientación del
programa, guarda correspondencia con la necesidad
de atender con preferencia aquellas regiones del país
donde los mayores obstáculos al desarrollo están dados
por la concentración de la propiedad y los niveles
de pobreza, situación manifiesta en los departamentos
de la Costa Atlántica donde estos índices superan
el 70%.
Con relación a la
calidad de los suelos, sobresale el hecho de que aproximadamente
el 66.3% del área negociada son tierras de buena calidad,
correspondiendo el 31.7% a clases agrológicas II y
III, aptas para agricultura y el 34.6% a clase IV
con vocación agrícola (café y caña) y ganadera, frente
a una disponibilidad en el país de estas clases de
apenas el 21%, lo cual refleja la eficiencia en la
gestión institucional al promover la adquisición de
tierras que por sus condiciones agrológicas permiten
lograr niveles satisfactorios de productividad en
las unidades de producción constituidas.
Igualmente, es importante
anotar que mientras en el país cerca del 50% del área
corresponde a suelos de clase VII y VIII, dentro de
las negociaciones de tierras sólo el 5.3% correspondió
a estas clases agrológicas, situación considerada
aceptable, dada la imposibilidad de descontar estas
áreas en cada predio. Finalmente el área en clase
V es apenas del 1.6% muy inferior a lo previsto por
la norma, que establece el área en esta clase de no
mas del 20%.
|
Macroregión |
No Predios |
No Mpios |
No Flias |
Has. |
CLASES AGROLOGICAS |
|
II - III |
IV |
V |
VI |
VII – VIII |
|
C. Atlántica |
16 |
14 |
436 |
6.406.2 |
3175.1 |
2123.6 |
156.0 |
879.5 |
72.0 |
|
Occidente |
10 |
8 |
273 |
2.378.5 |
357.4 |
818.0 |
|
973.6 |
229.5 |
|
C. Oriente |
18 |
18 |
196 |
2.578.2 |
297.8 |
651.3 |
|
1370.1 |
259.0 |
|
Orinoquia amazonía |
1 |
1 |
26 |
703.3 |
|
577.0 |
34.0 |
12.0 |
80.3 |
|
Total |
45 |
41 |
931 |
12.066.2 |
3830.3 |
4169.9 |
190.0 |
3235.2 |
640.8 |
|
Particip. % |
|
|
|
|
31.7 |
34.6 |
1.6 |
26.8 |
5.3 |
Es conveniente destacar que en este periodo se mejoró con respecto al tamaño de
los predios adquiridos, al pasar de un promedio de 207 hectáreas por predio a 268 hectáreas, tendencia que debe continuar hacia
el futuro, debido a la importancia que tiene para la Reforma Agraria actuar sobre la gran propiedad, para transformar la
estructura de la misma, y por ende incidir en la modificación del índice de GINI. De otra parte, cuando se concentra la acción
del Estado en predios de gran tamaño es viable alcanzar economías a escala en la producción y comercialización, se racionaliza
y logra eficiencia en la prestación de servicios complementarios, se asegura la integralidad, y facilita el acceso a servicios
básicos.
La evaluación comparativa entre el valor de los avalúos y los precios de
negociación de la tierra, muestra una reducción importante de los últimos, en aproximadamente un 25.4%. En este sentido tal
como se observa en el siguiente cuadro se destaca la Costa Atlántica, donde se reducen los precios en un 30.5%.
Millones de pesos 1999
|
Macroregión |
Avalúo |
P. Productivo |
C. Calidad |
Negociac. |
Variac. % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Costa Atlántica |
9.442.7 |
8.299.3 |
8.156.3 |
6.558.6 |
30.5 |
|
Occidente |
4.124.7 |
3.756.0 |
3.947.2 |
2.989.3 |
27.5 |
|
Centro Oriente |
3.194.7 |
3.149.9 |
3.132.3 |
2.961.1 |
7.3 |
|
Orinoquía |
493.4 |
390.0 |
493.4 |
369.3 |
25.2 |
|
TOTAL |
17.255.2 |
15.595.2 |
15.729.2 |
12.878.3 |
25.4 |
Este comportamiento se ha hecho posible en la medida que ha mejorado la capacidad
de negociación de los campesinos beneficiarios del subsidio, quienes frente a los referentes de precios disponibles como son el
avalúo, el control de calidad del mismo y el proyecto productivo, han venido propiciando una disminución con respecto al precio
de oferta establecido por los propietarios, buscando establecerlo en correspondencia con la capacidad productiva del factor tierra
y por ende incidiendo en la eliminación del factor especulativo que ha acompañado la valoración de esta.
Al efectuar un análisis retrospectivo entre 1996 y 1999, se destaca la tendencia
a la reducción del precio de negociación por hectárea en aproximadamente un 39%; al igual que en el tamaño de la UAF (2 Has),
una significativa disminución en el valor de la misma y por ende en el monto del subsidio. Esta tendencia favorable obedece al
impacto producido en el comportamiento de los precios por hectárea negociada, fenómeno que se explica en gran medida por la
mayor participación de los beneficiarios en el proceso de negociación de tierras logrado a través de la realización de las
audiencias públicas, que le imprimen una mayor transparencia al proceso de negociación de tierras rurales.
Millones de pesos 1999
|
SUBSIDIOS PARA LA COMPRA DE TIERRAS |
|
Valor /Hectárea
Tamaño UAF
Valor UAF
Subsidio/Familia |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
1.76
15.4
26.40
16.48 |
1.65
14.8
24.42
17.05 |
1.21
15.5
17.60
12.32 |
1.07
13.0
13.83
9.68 |
Con los convenios
establecidos para el otorgamiento de subsidios se
proyecta atender 365 familias con un área de 3.181.4
Has. Esta gestión se adelantará en los departamentos
de Cundinamarca, Bolívar, Tolima y zonas cafeteras.
Arriba
3.1.2.
Atención a Comunidades Indígenas En
el desarrollo de este programa se viene adelantando
un Plan de Choque estableciendo conjuntamente con
la Procuraduría Delegada para Asuntos Etnicos y las
Gerencias Regionales, cuyo objetivo es agilizar los
trámites iniciados desde hace varios años y que por
diferentes circunstancias no se han concluido. Para
adelantar esta actividad se implementó una metodología
de Asesoría, Seguimiento y Gestión ejecutada por el
Incora central y la Procuraduría a las Gerencias Regionales.
En
correspondencia, se seleccionó en primera instancia
la regional del Chocó, por ser en ella donde existe
el mayor número de solicitudes en trámite y por presentar
conflictos interétnicos, que ameritan especial atención.
De acuerdo al diagnóstico y al análisis elaborado
se prevé la culminación de aproximadamente 40 trámites.
 | Adquisición de Tierras |
Para dar solución a la demanda por tierras de las comunidades indígenas se
invirtieron $ 9.238.7 millones, que representan el 99.7% de los recursos asignados a este programa.
Esta inversión permitió la negociación de 40 predios con una superficie de
3.937.4 hectáreas por valor de $5.199.7 millones, a un costo promedio por hectárea de $1.3 millones. La dotación de tierras a
estas comunidades se concentro en los departamentos de Huila, Tolima, Guajira, Cesar, Córdova y Valle del Cauca. De otra parte,
se destinaron $312.7 millones en el apoyo logístico que demanda el programa, con los cuales se adelantaron las acciones
pertinentes para la elaboración de estudios socioeconómicos, condición requerida para la constitución y ampliación de los
resguardos.
Así mismo, se firmaron tres convenios por valor de $3.383.1, suscritos con la
Asociación de Autoridades Tradicionales U´WA, Ministerio del Medio Ambiente – Plante y con el departamento de Nariño. Con
estos recursos se proyecta la adquisición de aproximadamente de 2.602 hectáreas.
Es importante anotar que con los resultados alcanzados y las acciones proyectadas
a través de los convenios se da atención prioritaria a los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional con las comunidades
U´WA asentadas en los departamentos de Arauca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, y las de los Pastos en el departamento de
Nariño.
| Saneamiento Resguardos Indígenas |
En el proceso de saneamiento de los territorios indígenas se adelantaron
inversiones por $3.069.9 millones, que corresponden al 88.0% del total asignado, resultado que estuvo condicionado a la
recaudación por cuanto $1.000 millones están respaldados con recursos administrados.
De estos recursos se invirtieron $1.681.1 millones para culminar el trámite de
negociación de 172 mejoras, siendo el valor promedio de $9.8 millones; esta gestión se adelanto en las Regionales de Choco,
Caquetá, Huila, Santander, Guaviare, Antiguo Caldas, Guajira, Cesar y Nariño, resolviendo conflictos entre las comunidades
indígenas y los colonos ubicados en su territorialidad.
Adicionalmente, dentro de los convenios suscritos con la Asociación de
Autoridades Tradicionales U´WA y Ministerio de Medio Ambiente – Plante se incluyeron recursos por valor de $1.388.8 para la
adquisición de aproximadamente 154 mejoras.
| Constitución de Resguardos |
La Junta Directiva
aprobó la constitución de 50 resguardos en un área
de 369.750 hectáreas en beneficio de 2.744 familias
(14.430 indígenas).
Una de las más importantes
realizaciones fue la constitución del Resguardo Unido
U´WA, mediante la conversión de la reserva indígena
Taburetes – Agua blanca a resguardo y la incorporación
de los resguardos de Cobaría, Tegría, Bokota y Rinconada,
cuya área de influencia cubre parte de los departamentos
de Boyacá, Norte de santander, Santander y Arauca
sobre una extensión de 220.275 hectáreas, concentrando
el 60% del área transferida a las comunidades indígenas,
esta gestión es el resultado del proceso de acercamiento
entre el Gobierno Nacional y la comunidad U’WA, en
el propósito de resolver la problemática presentada
en dicha territorialidad.
Así mismo, La etnia
Embera Katio, asentada en los departamentos de Antioquía
y Córdova, se beneficio con la constitución de cuatro
resguardos sobre una superficie de 60.332 hectáreas,
y la etnia Sikuani con un resguardo sobre un área
de 40.000 hectáreas.
Arriba
3.1.3.
Ordenamiento Social de la Propiedad
En
desarrollo del programa de formalización de la propiedad
sobre áreas baldías se invirtieron recursos por valor
de $5.670 Millones, que corresponden al 78% del total
asignado ($ 7.265 millones).
De
estos recursos se invirtieron $2.720.0 millones en
la legalización de la propiedad de tierras de la nación
a 12.658 familias sobre una superficie de 459.408.3
hectáreas. De otra parte, se suscribieron tres convenios:
con PNUD, la organización de Estados Iberoamericanos
para la educación, la ciencia y la cultura OEI – Plante
- Igac y con el Ministerio del Medio Ambiente – SECAB,
el valor de estos convenios asciende a $2.950 millones,
con su ejecución se proyecta titular aproximadamente
1.575.431 hectáreas, a 43.936 familias de colonos
y comunidades negras.
De
otra parte, se continuó el trabajo en las zonas de
reserva campesina de Pato -Balsillas (Caquetá) y Guaviare
constituidas el año anterior, en las que se han realizado
procesos de capacitación y talleres de concertación
con la comunidad.
Mediante
resolución No 054 del 22 de junio de 1999 se conformó
la zona del Sur de Bolívar, sobre un área de 29.110
hectáreas, localizada en parte de los municipios de
Arenal y Morales. Esta zona dispone del Plan de Desarrollo
Sostenible y en la actualidad se trabaja en la concertación
de acciones con las instituciones comprometidas en
la región, que permitan adelantar la ejecución de
los proyectos contemplados en él. El Incora avanzó
en la titulación de 1.107 hectáreas, que benefician
a 57 familias, con un tamaño de UAF de 19.4 Has.,
no obstante el conflicto permanente que se presenta
en la región.
Se
avanza así mismo, en la realización de acciones tendientes
a la constitución de la Zona de Reserva campesina
del Putumayo, sobre aproximadamente 8.000 hectáreas.
De otra parte se analiza la viabilidad de propuestas
de constitución de nuevas zonas en los departamentos
Boyacá, Arauca, Meta y Santander
| Titulación de Baldíos - Colonos |
El área legalizada a familias de colonos fue de 330.932 hectáreas,
mediante la expedición de 10.082 títulos, a igual número de familias, siendo el tamaño promedio por título otorgado de 34.0
hectáreas. Mientras que el 54% del área titulada se realizó en las zonas incluidas en el Plan de Desarrollo Alternativo, su
participación en el número de familias beneficiadas es apenas del 33.1%, debido a que el Tamaño promedio de la Unidad Agrícola
Familiar en estas áreas es de 54 hectáreas, frente al promedio del resto del país que corresponde a 22.3 hectáreas.
Como es apenas lógico la gestión se concentró en la Macroregión de la
Orinoquía (66.3%). Los departamentos donde se formalizo la mayor área son en su orden Meta, Caqueta, Arauca, Casanare y
Antioquía.
| Titulación Colectiva Comunidades Negras. |
En desarrollo de este
programa se formalizó la propiedad sobre 128.476 hectáreas
a 2.576 familias, mediante la expedición de 4 títulos
colectivos, a los Consejos Comunitarios de Mayorquín,
Raposo, Cajambre, en el municipio de Buenaventura
(Vallle del Cauca) y al de Veredas Unidas – Un Bien
Común en el municipio de Tumaco (Nariño), otorgándose
en promedio 50 hectáreas por familia.
Es preciso anotar,
que durante 1999 se atendieron 47 solicitudes presentadas
por la comunidad, las que se encuentran en proceso
de tramitación para el otorgamiento de los respectivos
títulos, sobre aproximadamente 1.2 millones de hectáreas.
En desarrollo del
proceso de titulación a estas comunidades se ha apoyado
la ejecución de planes de capacitación y asesoría
los cuales involucran las actividades relacionadas
con la constitución de los Consejos Comunitarios y
la formulación de las solicitudes de la titulación
colectiva.
Con recursos del convenio
interadministrativo Incora – Minambiente se diseñaron
y publicaron tres cartillas sobre "Manual de
procedimientos para el trámite de las solicitudes
de titulación colectiva de tierras a las comunidades
negras", "Guía para la constitución de Consejos
Comunitarios" y "la capacitación en los
territorios Afrocolombianos", instrumentos que
han sido de gran utilidad como material de consulta
y apoyo para los interesados en el programa.
Arriba
3.1.4.
Extinción del Derecho de Dominio Privado Se
concluyeron trámites de declaratoria de extinción
del derecho de dominio privado sobre 10 predios con
una superficie de 91.619.8 hectáreas. Es importante
resaltar los resultados obtenidos en este programa
con relación al área que se incorpora como baldíos
reservados y que una vez surtidos los trámites de
reglamentación de las mismas, permitirá el acceso
a la propiedad aproximadamente a 1.700 familias.
3.1.5.
Asesoría en Gestión Empresarial
Este
programa enfrentó serias dificultades para cumplir
con el compromiso institucional de apoyar a la población
campesina en aspectos técnicos, jurídicos, de organización
y asesoría en gestión empresarial, como lo establece
la ley 160 de 1994, en la medida en que tan solo se
dispuso de recursos financieros para adelantar esta
gestión en el mes de noviembre, frustrándose en cierta
medida las expectativas que tenían los beneficiarios
del subsidio de contar con el apoyo necesario para
el despegue de sus proyectos productivos.
Frente
a esta situación se definió como estrategia la concertación
con otras instituciones y/o con el sector privado
de acciones tendientes a lograr el apoyo a nuestros
beneficiarios, en aspectos tales como asistencia técnica,
trasferencia de tecnología, fomento a los cultivos
de pancoger como garantía a su seguridad alimentaria,
y saneamiento básico.
Es
importante resaltar que con respecto a lo anterior
se logro concertar recursos para atender a la población
desplazada, a través de la canalización de inversión
de una parte, de la OEI donde se aprobaron 18 proyectos
para seguridad alimentaria de 1.278 familias a través
del establecimiento de cultivos de pancoger por valor
de $626 millones; y de otra por intermedio de la Red
de Solidadidad quien contribuyó con $575.5 millones,
para la construcción de vivienda rural en beneficio
de 165 familias.
Obtenida
la disponibilidad de recursos presupuestales se establecieron
ocho convenios para abordar la asesoría en gestión
empresarial, por valor de $ 999.6 millones, estos
se suscribieron con: La Corporación para la investigación,
asesoría y capacitación campesina – CIACC – semilla,
Asociación de Cooperativas del Huila ASOCOPH, Corporación
Nacional de Jóvenes Rurales de Colombia CANJURC, Asociación
Colombiana de Beneficiarios de Reforma Agraria ACBRA,
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
IICA, Corporación Colombiana Internacional CCI, Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA,
y Universidad Sur Colombiana del Huila.
| Capacitación y asesoría |
Se adelantaron en trece regionales 2.928 eventos de capacitación, en los que
participaron 19.587 campesinos, esta gestión se realizó directamente con los funcionarios de la institución y estuvo orientada
a divulgar el alcance de la ley 160 de 1994, y fortalecer algunos conocimientos en aspectos como la transferencia de tecnología,
el acceso al financiamiento y las condiciones a tener en cuenta en la formulación de proyectos productivos.
| Reactivación asentamientos establecidos ley 160 de 1994 |
Se tiene identificado
un potencial de 486 predios sobre los cuales se viene
trabajando en distintos frentes buscando su recuperación
e incorporación nuevamente al ciclo productivo, reformulando
sus proyectos. Entre los principales problemas que
estas familias vienen enfrentando, esta el de la imposibilidad
de acceder a créditos, en algunos casos por encontrarse
en condiciones de morosidad, y en otros por el temor
a endeudarse por los costos financieros del capital;
así como la escasa asistencia técnica y asesoría en
gestión empresarial que no les permite avanzar de
acuerdo a lo proyectado.
Frente a lo anterior,
se ha planteado el asesoramiento a los campesinos
de reforma agraria para que puedan acceder a los beneficios
del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria,
a través de los Fondos Departamentales de Reactivación
(FONDEAR), en procura de obtener los créditos que
le permitan despegar su proyecto productivo.
Arriba
3.2.
Balance Resultados Alcanzados Compromisos Adquiridos
1998
Como antes se anotó
en 1998, se firmaron convenios por valor de $13.664.2
millones, los cuales estaban distribuidos de la siguiente
manera: $6.101.9 millones para negociaciones voluntarias,
$6.362,3 millones para negociaciones por intervención
directa, $1.000 millones para compra de tierras y
mejoras a comunidades indígenas y $200 millones para
apoyo en gestión empresarial. Los resultados obtenidos
se describen a continuación.
| Intervención Directa: |
Los recursos comprometidos con las Gobernaciones de: Caquetá, permitieron la
compra de 6 predios por valor de $1.490,6 millones; con Córdoba se negocio un predio por valor de $599,4 millones; en el Huila se
adquieron 4 predios por valor de $796,0 millones y en el Meta 3 predios por valor de $1.748,0 millones.
De lo anterior se desprende que el total de predios adquiridos fue de 14 con una
extensión de 7.720.4 Has. Que beneficiaron a 282 familias de desplazados y reubicados por un valor de $4.626 millones, que
representa 73% de lo reservado.
| Negociación Voluntaria |
Los recursos comprometidos con las Gobernaciones de: Quindío, permitieron la
compra de 10 predios por valor de $1.131 millones; Con Antioquia, la compra de 5 predios por valor de $1.512 millones; en Cesar se
negociaron 2 predios por valor de $710,1 millones; en Cundinamarca la compra de 4 predios por valor de $1.137,7 millones; en Huila
la compra de 9 predios por valor de $2.129,6 millones y en el Tolima 2 predios por valor de $1.128,5 millones.
De lo anterior podemos concluir que en total se adquirieron 32 predios con un
área de 3.522.6 hectáreas, beneficiando 451 familias campesinas, siendo el valor de la negociación de $7.748.9 millones, donde
el aporte del Gobierno asciende a $5.424.2 millones, que corresponde al 89 % del aporte del Incora en estos convenios.
| Adquisición de Tierras Indígenas Nacional |
El Convenio con la Gobernación de Antioquia, por valor de $1000 millones,
permitió la compra de 18 predios, con un área de 715.8 has, por valor de $933.6, ejecutándo el 93.3% del valor del convenio.
| Apoyo Gestión Empresarial |
En este programa se avanzó en: En la ejecución del proyecto COL/92/005, se
realizaron en las Regionales Meta, Santander, Huila, Antiguo Caldas, Magdalena y Antioquia, seis (6) procesos sobre metodologías
organizativas y empresariales a través de 6 laboratorios experimentales de organización LEO, 6 eventos de seguimiento y
evaluación, 6 talleres de análisis del complejo económico del producto DEP y 6 eventos de planificación participativa,
capacitando 61 funcionarios y 413 beneficiarios. Igualmente, se hizo la réplica, en 14 Regionales, obteniéndose resultados
satisfactorios en la asimilación de la metodología.
En coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el PNUD y el
INCORA se desarrolló un plan de capacitación relacionado con el nuevo marco legal de las cooperativas, los principios
administrativos y mercadeo agropecuario, alcanzándose una cobertura del 100% de las cooperativas beneficiarias del subsidio y las
que adelantan gestiones para la obtención del mismo. Se incluye además la capacitación de 30 funcionarios, 136 beneficiarios y
18 representantes de otras entidades ubicados en 22 regionales.
Mediante convenio INCORA – IICA 5001 067 98, se revisó y ajusto la metodología
determinada por el Incora en la delimitación de las zonas relativamente homogéneas, para lo cual se utilizó la cartografía
digitalizada disponible en el Igac. La interventoría se realizó por parte de los funcionarios de la Subgerencia de Ordenamiento
Social de la Propiedad.
| Cofinanciación Inversiones Complementarias de Reforma Agraria |
Con las reservas constituidas sobre los presupuestos apropiados a los proyectos
"Inversiones Complementarias – DRI" y "Subsidio de Vivienda Rural – Caja Agraria" establecidos para apoyar
los programas de Reforma Agraria se alcanzaron los siguientes resultados:
| Inversiones Complementarias – DRI. Se adelantaron
proyectos por valor de $2.500 millones, en infraestructura física de pequeña irrigación, acueductos, reforestación,
capacitación, piscicultura y vías rurales en 43 predios ubicados en 14 regionales. |
| Subsidio de Vivienda Rural – Caja Agraria. Se
otorgaron subsidios para la construcción de vivienda por valor de $2.976.0 millones, en el marco d|el programa "Vivir
Mejor" beneficiando a 973 familias asentadas en 33 predios, localizados en 12 regionales. |
| Subsidio A Cooperativas De Beneficiarios De Reforma Agraria.
En
desarrollo del Convenio suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Incora, se realizaron seis (6)
comités administrativos, en los cuales se aprobaron 11 nuevas solicitudes de subsidio por valor $221.3 millones, beneficiando a
410 familias campesinas y se aprobaron 20 segundos desembolsos por valor de $151.0 millones. |
Arriba
4.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL
Los
gastos de funcionamiento como del servicio de la deuda
fueron totalmente garantizados. Es pertinente resaltar
que esto básicamente se logró con la aplicación de
una seria política de austeridad en el gasto, dirigida
a lograr significativos ahorros en renglones como
arrendamientos, servicios públicos y contratación
de personal. Esto lo corrobora la comparación del
gasto promedio mensual en cada uno de ellos presentado
durante 1998, frente al mismo promedio obtenido en
1999, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:
|
Millones de pesos de 1999 |
|
Concepto |
Costo Promedio Mensual |
Ahorro |
|
|
1998 |
1999 |
Mensual |
Anual |
|
Arrendamientos |
61.9 |
44.9 |
17 |
204.0 |
|
Servicios Públicos |
|
|
|
|
|
- Agua |
5,9 |
4.3 |
1.6 |
19.2 |
|
- Energía |
39.0 |
28.3 |
10.7 |
128.4 |
|
- Teléfono |
75.2 |
51.7 |
23.5 |
282.0 |
De no haberse aplicado un estricto control sobre el gasto no habría sido posible
asegurar la financiación del mismo hasta diciembre, pues la apropiación para gastos generales fue significativamente inferior al
requerimiento que se sustentó.
| Capacitación funcionarios |
No obstante la rigidez presupuestal, en materia de capacitación y bienestar con
recursos institucionales, apoyo del Ministerio de Agricultura y de otras instituciones como el PNUD y el IICA, se viene
adelantando un plan tendiente de una parte a motivar el recurso humano y de otro a lograr una actualización técnica de nuestros
funcionarios.
Para el primer caso se pueden referir las siguientes acciones:
| En coordinación con COMPENSAR un programa de "Desarrollo Humano Integral" que cubre
aspectos de motivación, autoestima, crecimiento personal, sentido de pertenencia y manejo de conflictos. |
| Realización de talleres sobre carrera administrativa, concertación de objetivos, evaluación
del desempeño, incentivos, código disciplinario y estatuto anticorrupción en oficinas centrales y en 16 regionales. |
| En cumplimiento de la Ley de carrera administrativa se adelanta un programa de bienestar social
y de mejoramiento de la calidad laboral y del clima organizacional. |
En cuanto a la actualización técnica vale la pena destacar lo relativo a:
| El convenio suscrito por el Incora, la Universidad de la Habana (Cuba) y el IICA mediante el
cual se inició un proceso de capacitación técnico práctico durante nueve días en aspectos de desarrollo de una agricultura
sostenible, gestión empresarial, organización asociativa, proyectos productivos y un tema de gran importancia como es la
metodología para abordar la extensión rural. |
| Un curso de capacitación internacional en el área técnica del Plan Colombia, con énfasis en
la formulación y evaluación de proyectos. En él participaron funcionarios de 11 regionales, financiado parcialmente por el
IICA y el Incora. |
| Finalmente en el propósito de avanzar en la formación de una cultura informática, que
requieren todos los niveles de la estructura administrativa, se ha iniciado en todas las regionales, la capacitación en esta
área, a través de convenios básicamente con el SENA. |
| Complementando lo anterior y con un mas alto grado de especificidad se ha adelantado la
capacitación a todas la regionales sobre el manejo del Sistema de Información Integrado de Reforma Agraria SIIRA, así como
sobre el programa de topografía Topogrín. |
| Modificación de la Planta de personal |
Dentro del Programa de Evaluación de Plantas de Personal promovido por la Presidencia
de la República, INCORA presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública, un proyecto de modificación a su
planta, consistente en la disminución de 100 cargos. Esta propuesta obtuvo tanto viabilidad técnica, como presupuestal, esta
última se obtuvo tan solo al finalizar el mes de diciembre, por lo que el decreto no alcanzó a ser firmado por el señor
presidente de la República, imposibilitándose la culminación de dicho proceso como se tenía previsto.
Con esta modificación se transforman 4 cargos del nivel asesor para estandarizar
jefaturas de programa en el nivel ejecutivo y la reclasificación de 4 Jefes de Oficina de acuerdo con la nomenclatura establecida
en el Decreto 2502 de 1998.
También incluye de 8 nuevos cargos, de los cuales 6 del nivel profesional y 2 del
asistencial. Estos últimos con destino al Despacho de la Gerencia General, por lo tanto de libre nombramiento y remoción,
condición que también aplicaría a uno de los cargos del nivel profesional, para ocupar el empleo de Tesorero General, de
conformidad con lo estipulado en la Ley 443 de 1998.
La modificación a la planta de personal fue presentada a la Junta Directiva del
INCORA, de conformidad con lo establecido en los Estatutos, siendo aprobada en su sesión del 17 de noviembre de 1999.
La financiación de las indemnizaciones que ascienden aproximadamente a $2.800
millones, se encontraba respaldada con el presupuesto de la vigencia 1999, sin embargo por las dificultades presentadas a última
hora para proceder a la culminación del trámite, se procedió a constituir una reserva presupuestal, con el lleno de todos los
requisitos, la que fue negada por el Ministerio de Hacienda Pública, razón por la cual ha sido necesario iniciar el trámite de
adición presupuestal para el 2000 a fin de concluir este proceso.
| Ajuste a la estructura de gastos de funcionamiento |
En consideración a
que el presupuesto asignado a funcionamiento incluye
el tema pensional, se han adelantado las acciones
pertinentes que permiten trasladar este componente
al Fondo de Pensiones Públicas, entre las que se registran:
Preparación del proyecto
de Decreto para la liquidación del Fondo de Previsión
Social del Incora e iniciar su traslado al FOPEP,
así mismo se ha ido gestionando con Ministerio de
Hacienda y Crédito Público los cálculos actuariales
de pensionados, personal activo y retirado. De igual
forma se adelanta la liquidación provisional de los
bonos pensionales del personal activo y retirado para
determinar el monto requerido por este concepto.
En la medida en que
se avance en la depuración del fondo de pensiones
y que se pueda formalizar su traslado al Fondo de
Pensiones Públicas, el Incora eliminará de sus gastos
de funcionamiento un rubro que en la actualidad pesa
significativamente como es el pago de las pensiones
cuyo valor es aproximadamente de $ 20.000 millones,
lo que representa una reducción de más o menos en
30% en este presupuesto.
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