TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

    1.       Dimensión de la problemática

 2.1  Desarrollo rural

 2.2  La Reforma Agraria : Instrumento para la Paz

 2.3  Estrategias para abordar la Reforma Agraria Integral

INTRODUCCION

La estrategia planteada para la reforma del sector rural, no puede estar fundamentada únicamente sobre la base de los pactos productivos sociales, se requiere que medie una clara posición del estado frente a la concepción que se debe tener en un contexto de globalización de la economía, que exige lineamientos muy claros frente al papel que debe jugar el sector rural en este ámbito. En este contexto, los procesos de concertación, planificación y negociación deben tener como escenario lo local, pero propiciando que las alternativas que se propongan aún que se desarrollen tengan un impacto significativo en el incremento del ingreso, la participación en el producto interno bruto, convirtiéndose en soluciones parciales y limitadas, al estar enmarcadas en direccionamientos de política macroeconómicas y sectoriales.

En las actuales circunstancias es incontrovertible la necesidad de consolidar el proceso de Reforma Agraria Integral, sobre el que existe consenso a nivel de todos los actores sociales que en él intervienen y que ameritan el diseño de políticas económicas con alto contenido social, que contribuyan a detener el deterioro de las ya precarias condiciones de vida de la población campesina, además, elemento esencial para el logro de la paz que el país demanda y que impone la necesidad de atender con prioridad el desarrollo rural.

La Reforma Agraria Integral la concibo, como una estrategia que supera la simple redistribución de tierras. Es decir; que se garantice el desarrollo de proyectos productivos, económica, social y ambientalmente sostenibles, en el marco de la equidad, que permitan la redistribución de los factores productivos.

En consecuencia, he propuesto que el subsidio, hoy solo referido a la tierra sea extensivo al proyecto productivo, asegurando los componentes básicos para el desarrollo del mismo, como son: la adecuación intrapredial, la comercialización, la capacitación y asesoría en gestión empresarial y la asistencia técnica, entre otros. Aspecto que permitirá beneficiar no solo a campesinos que accedan por primera vez a la propiedad de la tierra sino también a pequeños propietarios que requieren acciones de desarrollo rural para articularse a procesos productivos, lo cual sin lugar a dudas se constituye en elemento fundamental para la reactivación del sector rural.

Un aspecto importante es el referido a la financiación del sector y en particular para la Reforma Agraria, proponiendo para esta, la creación de un Fondo Autónomo de Crédito en condiciones que consulten las particularidades del proceso y al cual se acceda sin limitaciones que actualmente el sistema financiero está imponiendo, garantizando así la premisa económica, que el crédito debe ser oportuno y suficiente.

1. DIMENSION DE LA PROBLEMÁTICA

La ausencia de una política agraria de largo plazo, que supere los aspectos couyunturales, la poca y débil participación de la comunidad rural, así como la falta de articulación institucional, son algunos de los factores que han incidido para que las acciones orientadas hacia lo rural no hayan tenido un impacto significativo en la reducción de los índices de pobreza, ampliándose aún más la brecha campo-ciudad. El reciente estudio de la misión rural afirma que 8.1 millones de habitantes rurales, que representan el 68.9 % de dicha población, están por debajo de la línea de pobreza, de los cuales 4.4 millones se ubican en la indigencia.

La violencia se ha ensañado con mayor crueldad en el campo, acarreando pérdida de vidas humanas, deteriorando los valores de la sociedad, apareciendo la impunidad y la deslegitimidad de las instituciones del Estado.

En la presente década la tasa de crecimiento del sector ha sido del 2%, con tasas negativas de –1.2% y –0.4% en 1996 y 1997. Es importante anotar que los productos básicos de la dieta alimenticia colombiana han disminuido significativamente su producción, incidiendo en la seguridad alimentaria, generando una marcada dependencia del mercado externo, en contraposici¿ón a lo planteado recientemente en las naciones Unidas y plasmado en la agenda 21, donde se define la necesidad de aumentar la producción de alimentos de manera sostenible.

Por otra parte, al analizar la evolución de la distribución de la propiedad rural entre 1990 y 1996, se encuentra que el área catastrada se incrementó considerablemente al pasar de 46.1 millones de hectáreas a 72.6 millones (66.1%), mientras que el número de propietarios pasó de 3.0 millones a 3.3 millones (9%) y que en este escenario sigue manteniéndose la tendencia concentradora de la estructura de la propiedad rural colombiana. En efecto, en 1996 el 66.8% del total de propietarios poseían el 3% del área en predios menores de 5 hectáreas, mientras que en predios de más de 500 hectáreas se concentra el 60.5% del área, con apenas el 0.4% de los propietarios.

La inequitativa distribución de los factores de una parte por la producción en particular la tierra han agudizado los conflictos, manifestada en la acción del narcotráfico mediante la compra de tierras en 409 municipios, que representa el 39.4% del total de municipios del país y de otra por la ampliación del radio de acción de la guerrilla y de los grupos paramilitares a casi todo el territorio nacional. Es así como en 1985 se registraba la presencia guerrillera en 173 municipios y en 1994 esta cifra creció a 569, año en que se detectaron 134 municipios con cultivos ilícitos.

La presión por la tierra se expresa en la demanda de cerca de 1 millón de familias campesinas que buscan el acceso a la propiedad de la tierra y cuya problemática deberá ser abordada en un horizonte de 12 años, obedeciendo a la temporalidad que la Ley 160 de 1994 le fijó a la Reforma Agraria.

2. MARCO DE POLITICA MACROECONOMICA Y SECTORIAL.

La crisis del sector agropecuario se evidencia entonces en la reducción del área cultivada, como resultado del incremento de las importaciones de productos agropecuarios, que incidieron en la rentabilidad y por ende en la generación de empleo. Esto complementado con unas condiciones macroeconómicas adversas referidas principalmente a las tasas de interés y de cambio, el rezago tecnológico, el debilitamiento del régimen de apoyo e incentivos, difícil acceso al crédito, con serias dificultades de riesgo, intermediación, garantías, intereses y plazos adecuados, la asignación residual de la inversión pública al sector, así como, la baja eficiencia y efectividad de la estructura institucional.

Sin lugar a dudas este panorama incide en el deterioro de las condiciones socioeconómicas de la población rural, retroceso en términos de equidad, agravado por las pocas posibilidades de acceso a servicios básicos como salud, y educación.

A pesar de la crisis debe reconocerse en el sector, la capacidad para contribuir al crecimiento global de la economía, a la disminución de lo niveles de pobreza, a la generación de empleo y su versatilidad en la generación de procesos de transformación con su correspondiente agregación de valor, así como el soporte fundamental de las políticas de seguridad alimentaria.

De otra parte, existe consenso en el país sobre la necesidad de recuperar el sector rural como una contribución al proceso de paz, en razón de que, por su abandono y depresión a que se ha estado sometido durante décadas, por la sociedad colombiana y el Estado, lo convirtieron en escenario principal de los conflictos armados. La esperada reactivación debe fundamentarse sobre el desarrollo empresarial que articule los esfuerzos de la agroindustria, la industria y los grandes propietarios de tierra con los de los pequeños productores propietarios o no de tierras, debidamente articulados con la política del sector.

Este interés se expresa hoy en el Plan de Desarrollo "Cambio para construir la paz", cuando identifica acciones orientadas a promover el desarrollo del sector agropecuario tendientes a resolver las contradicciones y diferencias que allí se presentan. En ese contexto, considera importante la promoción de procesos productivos participativos y alianzas estratégicas, que permitan asegurar la sostenibilidad del desarrollo rural.

El Desarrollo Rural debe considerarse como un proceso estado por la comunidad al interior de la región que propende por el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad rural, los niveles de participación tanto en las decisiones como en los beneficios económicos, sociales y políticos. Presupone la redistribución de los activos sociales, por lo que debe enmarcarse en un contexto que aborde no solo los aspectos relacionados con lo agropecuario y sectorial, sino también con factores macroeconómicos que aporten al crecimiento global de la economía con equidad y por supuesto con consideraciones de sostenibilidad ambiental entendiendo que se debe actuar dentro del marco de conflictividad generalizado que hoy afecta a las sociedades rurales.

Esta concepción demanda que, el Estado, el sector empresarial y la sociedad rural, se comprometan en la reconstrucción del tejido social en lo económico, lo político, lo cultural, que les permita interactuar armónicamente en la identificación de la problemática, en la proyección de las soluciones y en el disfrute equitativo de los beneficios del desarrollo.

Es dentro de este contexto que la Reforma Agraria Integral se constituye en estrategia que permite la democratización de los activos productivos mediante la conformación de Empresas Básicas Agropecuarias, enmarcadas en las prioridades de desarrollo regional y local, que den acceso a los campesinos a la tierra y paralelamente general empleo, contribuir a incrementar la productividad agropecuaria, promover procesos de transformación de productos primarios y mejorar, en términos generales las condiciones de vida del conglomerado rural.

La Reforma Agraria debe considerarse como una política de Estado, que garantice su continuidad en el tiempo, que no se sujete a las coyunturas del conflicto armado y la negociación, sino que trascienda de manera que permita avanzar en la generación de condiciones más favorables, como la transformación de la estructura social agraria, con visión empresarial y la modernización del sector rural, dentro de la heterogeneidad estructural del agro. Concebida así es elemento fundamental para que en área rural se alcance en primera instancia la paz y la reconciliación Nacional.

Este enunciado de política implica:

El compromiso con el proceso de todos los estamentos de la sociedad, gremios de la producción, organizaciones sociales, grandes, medianos y pequeños productores, inversionistas, industriales, generadores de tecnología, sociedad civil rural, representantes del gobierno y de los insurgentes.

Un proceso de planeación participativa, donde mediante la concertación y negociación, se definan las prioridades y acciones a seguir, así como las iniciativas y capacidad productiva para lograr la verdadera transformación rural, en el ámbito municipal y regional, y un permanente seguimiento y control a través de la veeduría ciudadana.

Considerar las particularidades del país, en cuanto diversidad geográfica, las características del conflicto, el nivel de desarrollo de las regiones, etc., para focalizar el proceso reformista en polos de desarrollo, sustentado proyectos productivos integrales, en alianza con el sector privado y con el apoyo facilitador de las entidades del Estado, enmarcados en el contexto nacional.

El proceso de reforma agraria se constituye así, en factor fundamental para adelantar el ordenamiento social de la propiedad, propiciar zonas neutrales y prevenir la extensión de los conflictos sociales a otras regiones del país.

El ordenamiento social de la propiedad que debe conducir a una adecuada distribución de la población en las áreas incorporadas a la frontera agropecuaria, en concordancia con el uso de las tierras, la infraestructura física y social existente y la recuperación de ecosistemas frágiles. De otra manera, la redistribución de tierras permite la consolidación de los territorios, el uso óptimo de los factores productivos disponibles, la conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad afectada por los procesos de colonización.

Propiciar zonas neutrales. La reforma agraria debe tener la capacidad de promover espacios de convivencia para el desarrollo rural integral y de otra parte, propiciar el retorno o reubicación de las familias desplazadas por el conflicto armado, mediante el diseño de propuestas intermedias, que alivien el sufrimiento de la población civil y eviten la depresión económica y social de importantes regiones del país. Dichas alternativas tendrán como propósito la construcción de espacios concertados para ir desactivando el conflicto regionalmente, ordenar las políticas de inversión estatal e ir creando el clima para las inversiones y la iniciativa empresarial.

La única posibilidad que tiene una estrategia de desarrollo empresarial en el campo, en las actuales condiciones de confrontación, es mediante la búsqueda de consensos políticos conducentes a la definición de zonas neutrales, donde el desarrollo de la actividad económica, esté acompañada de ajustes políticos y sociales en la región.

Prevenir la extensión de los conflictos sociales a otras regiones del país, asegurando la coherencia en los programas de redistribución del ingreso y el acceso a los servicios básicos con el desarrollo productivo, integrando los procesos de modernización, reconversión y reasignación de activos productivos. Las estrategias estarán acordes a las particularidades regionales, e involucrarán el desarrollo de proyectos agroindustriales competitivos en la economía global y con un componente de agricultura que garantice la seguridad alimentaria y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

3.    DIMENSIONAMIENTO Y FINANCIACION DE LA REFORMA AGRARIA

La problemática sobre la tenencia de la tierra se manifiesta en la demanda de 495.600 familias que buscan el acceso a la propiedad de cerca de 8.9 millones de hectáreas, (sin considerar l demanda de los minifundistas) de las cuales 3.6 millones deberán ser reformadas mediante la redistribución de las mismas, proyectando en ellas la incorporación de 1.0 millones de hectáreas como producto de proceso de extinción de derecho de dominio por enriquecimiento ilícito y sobre las restantes 5.3 millones de hectáreas se adelantará la formalización de la propiedad, las cuales deberán incorporarse efectivamente a la actividad económica. Para la atención de las comunidades indígenas aún se requiere la adquisición de 150.000 hectáreas y la titulación de 700.000 hectáreas baldías. La situación anterior, deberá resolverse en el plazo de 10 años fijados por la Ley 160/94.

De acuerdo a la magnitud de la problemática en Reforma Agraria y temporalidad que tiene la misma, se hace necesario intensificar las acciones en este Programa, más aún cuando el desarrollo del mismo contribuya al proceso de paz en el área rural. En esta perspectiva se proyecta para el cuatrienio dar solución a 143.000 familias demandantes de tierras, quienes accedieron a la propiedad de 4.2 millones de hectáreas aproximadamente, de las cuales el 19% (783.000 hectáreas) corresponden a áreas reformadas, mediante una redistribución de tierras, a través de la negociación entre beneficiario y propietarios tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

La proyección propuesta por el INCORA, y que representa el deber ser, ha sido ajustada de conformidad a las directrices del Gobierno Nacional sobre restricción del gasto público, así como la inversión definida en el plan de Desarrollo "Cambio para Construir la paz" al componente de Reforma Agraria, y que asciende a $163.8 millones, recursos que solo permitirán atender a 66.000 familias (46%) de lo planeado inicialmente, esto puede verse en el siguiente cuadro: